Por Pueblo Informa
El exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Poblete Méndez, y el exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Schafik Nazal Lázaro, han sido formalizados por la Fiscalía como autores de 12 delitos de interceptación ilícita de comunicaciones y 7 delitos de falsificación de instrumento público. Los imputados habrían llevado a cabo interceptaciones telefónicas privadas en contra de periodistas y exmilitares que denunciaron corrupción al interior de la institución castrense, en el marco de la «Operación Topógrafo».
La audiencia de formalización, que se ha extendido por más de ocho horas en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, acusó a los imputados de realizar durante el año 2017 y 2018, interceptaciones telefónicas en contra de siete personas, entre ellas el periodista Mauricio Weibel y el capitán del Ejército Rafael Harvey.
El tribunal ha decretado prisión preventiva a los imputados por los delitos de falsificación de instrumentos públicos e interceptación ilícita de comunicaciones. El fiscal Jaime Retamal ha señalado que se interceptaron comunicaciones fuera de los márgenes permitidos por la Ley de Inteligencia, maniobras ilegales que habrían sido ejecutadas por la DINE y autorizadas por el Ministro de la Corte de Apelaciones.
La consejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, ha manifestado que «es un tema grave que debe ser esclarecido por la justicia, porque finalmente se trata de preservar el estado de derecho y de las instituciones democráticas en una situación en que toda la administración del Estado está siendo puesta en tela de juicio. Por eso es importante dar una señal muy clara de que esto no será aceptado».
La defensa del capitán del Ejército Rafael Harvey ha señalado que la operación vulneró su intimidad y violó su privacidad, lo que constituye un ataque manifiesto a su persona para inventarle nuevos cargos y reprimirlo por sus constantes denuncias de corrupción al interior del Ejército.
Este caso de escuchas ilegales ha generado gran preocupación y debate en el país, y se espera que la justicia actúe en consecuencia para evitar que situaciones como estas vuelvan a repetirse en el futuro.
