La automutilación del Pueblo: algunos aportes sobre pena de muerte, violencia y apuestas hacia el horizonte político

“¿y que necia y absurda ilusión es esa de pretender que un juez sea imparcial, cuando no lo es el legislador?, ¿De qué sirve un fallo altruista donde la ley es egoísta? El juez tiene que limitarse a formular de un modo puritano el egoísmo de la ley aplicándolo sin miramiento alguno. La imparcialidad es sólo la forma, nunca el contenido del fallo. El contenido lo anticipa la ley”.

Karl Marx, 1982.

 Por Kika Arriagada, Manos Construyendo

Este viernes cientos de mujeres fueron las que se convocaron en la ciudad de Osorno y otras localidades para exigir justicia por el caso de Ámbar y los 26 femicidios consumados que se contabilizan dentro de lo que va del año. El reciente jueves con fecha 6 de agosto, éramos testigos de como todo Chile se conmocionaba ante la noticia del hallazgo del cuerpo de Ámbar, una joven de 16 años perteneciente a la comuna de Villa Alemana quien se encontraba desaparecida durante ocho días. Todas y todos quienes acostumbramos a revisar las redes sociales, escuchar los noticieros y mantenemos la preocupación de estar permanentemente informados acerca del acontecer social, fuimos observadores de la interrogante nacional acerca de un nuevo caso de femicidio que por muchas personas fue catalogado de “evitable” ante la deliberación que toma la Corte de Apelaciones de Valparaíso al conceder libertad condicional a Hugo Bustamante el año 2016, quien cumplía una pena de 27 años tras cometer un doble homicidio durante el año 2005. En medio de horas de la tarde del día jueves y probablemente en muchas de las casas; nuestras familias se detuvieron a hablar, analizar e incluso a proponer (sin mayores análisis sino que sólo desde el abordaje de un sentido común) como se deberían o debieran hacer las cosas desde la justicia ante la sumatoria de estos tipos de casos.

Y es que para muchos, el caso de Hugo Bustamante es quizás uno de los más polémicos acerca del funcionamiento de un sistema judicial y carcelario, que ha puesto -de forma lamentable- en entre dicho la posibilidad de reinserción social por parte de este grupo social. Asimismo, entre medio del clamor popular y oportunismos populistas penales por parte de los sectores más conservadores del abanico social y político, frente a la necesidad de justicia por la intolerancia hacia la violencia extrema es que se evoca uno de los elementos más primitivos con los que pudiéramos contar como sociedad: el aniquilamiento de aquel sector supuestamente desajustado de las normas sociales, materializado a través de la pena de muerte o pena capital.

Ojo por ojo y el pueblo se queda más que ciego                               

El procesamiento mediático que ha tenido el caso de Ámbar, sumado al sensacionalismo desmedido por parte de los medios tradicionales de comunicación y, sin duda, el estremecimiento de toda la población a lo largo del territorio dio puerta para la reapertura de un tema inminentemente controversial: el debate sobre la pena de muerte y la petición –por parte de un sector bien particular- de su restitución.

La reincidencia de esta discusión altamente moral, pero profundamente política nos da cuenta del carácter y la hondura de la crisis social por la cual estamos atravesando. Una crisis que encuentra su agudización desde el 18 de octubre en adelante, en medio del despertar de un pueblo que se encarga de develar aquello que algunos llamamos la barbarie capitalista y sus consecuencias que agotan día a día a la clase trabajadora en Chile y el mundo. Los sueldos y pensiones que no alcanzan, el hambre que azota a los más precarizados de la sociedad, el confinamiento actual producto de la pandemia que pone en contraposición la decisión trabajo/contagio, la privatización de servicios sociales básicos, la desprotección y desocupación absoluta de niñ@s y mujeres víctimas de violencia, el avance de la conflictividad en algunos territorios, y por último, el conocimiento de casos de violencia extrema como son los femicidios, revelan el cúmulo de elementos que hacen estallar en indignación la consciencia popular. Pero es justamente aquí, en medio de esta indignación, que muchas veces caracterizada como germen de despertares, en su ala contrapuesta, también produce cegueras.

Dentro de las distintas reacciones frente al caso de Ámbar y tantos otros donde las víctimas han sido jóvenes y/o niñes como también lo fue el caso de Sophia el año 2018, marcado por una crueldad poco imaginable; hemos podido leer en redes sociales y escuchar en conversaciones “de pasillo” que desde el fervor de las y los vecinos y personas empatizantes con el dolor producido, nacen un conjunto de demandas que –muy convenientes para el actual gobierno y el sector al cual representan- logran poner en el centro político el presunto menester del endurecimiento penal acentuando el punitivismo dentro de un sistema judicial altamente parcial y castigador, que en su añadidura considera la pena de muerte como “la alternativa” para la “defensa y protección de la infancia” ante tales transgresiones.

Pero, ¿qué significa en términos concretos la atención de este tipo de demandas?, ¿a quienes realmente beneficia?, ¿son realmente medidas que favorezcan la protección de aquel grupo social? Ante aquellas preguntas permítanme situar un amplio espacio para la duda y ser especialmente tajante en contraponerme ante aquellas premisas que así lo han intentado estipular.

En medio de un Chile marcado por desigualdades, injusticias y grandes penurias económicas en el cual han existido montajes policiales, desapariciones y encarcelamientos donde el énfasis ha sido la protección de aquella propiedad material y privada por encima de la protección de personas víctimas de vulneraciones a sus integridades, y cuando cada vez que se pregunta “quiénes son los van a la cárcel”, existe una especie de respuesta al unísono con tintes entremezclados de vergüenza y pesadumbre que nos dice: los pobres, nos da cuenta que aquellas medidas no son otra cosa que una respuesta reaccionaria que solo viene a acomodar a las bases ideológicas y la acción política de aquellos sustentados en el ultraderechismo y autoconsiderados como superiores en niveles morales. Ahora bien, con lo que siga y las próximas líneas a desarrollar quiero ser muy clara que se sitúan como elementos de invitación y aporte al debate en esta materia, mas no a la justificación de aquellas agresiones y hechos constitutivos de violencia extrema contra la infancia y las mujeres.

Si nos disponemos a reflexionar acerca de aquel orden moral y moralizante contenido en el sistema capitalista encontraremos en ello que, a los cuales que estipulan de “delincuentes” o “antisociales” serán quienes no se apegan a estas normas creídas socialmente acordadas en medio de la “libertad jurídica de sus individuos”,  pero que, sin embargo, son unidireccionalmente impuestas por la relación social general y materializadas por aquellos que personifican el poder, situando así a los que cometen estos actos delictivos estipulados por la ley (como elementos desarrollados desde el Estado y este, como institución base para el desarrollo de la sociedad burguesa y sus intereses) como “enemigos sociales”. No obstante y bajo esta proposición, en esta categoría de “enemigos sociales” podríamos inferir la adherencia de aquellas y aquellos que se revelan activamente contra el orden social existente, es decir, aquellos que inclusive despiertos y conscientes de la barbarie, entrarían a ser parte de los enjuiciados y esto si es profundamente problemático.

Por otra parte y de acuerdo al tema abordado, convido a situar el debate y dirigir el futuro desarrollo de otros documentos en buscar aquella determinación que constituye en última instancia la existencia de este “grupo” generalmente conformado por varones que emplean el abuso y la violencia extrema en contra de mujeres y niñes. En esta perspectiva, situaremos que la determinación de aquella constitución será la somatización de la violencia del capitalismo que de alguna manera es manifiesta a través del patriarcado, mayormente desplegadas en las capas más bajas de la clase trabajadora, esos y esas que son arrojados a la marginalidad y la negligencia social, desprovistos muchas veces de condiciones que permitan la reproducción y sustento de sus medios de vida producto de la sobreexplotación de esta máquina contenida de parásitos adueñados de las riquezas generadas por medio de su fuerza de trabajo, frente a esto a la clase trabajadora muchas veces no le quedaría más que aniquilarse a sí misma. De igual modo y tal como lo señalaba Bonger para explicar el “pensamiento delictivo” situaba en el centro que “la formación moral le ha sido negada al proletariado en especial porque no constituye el tipo de formación imprescindible para el trabajo en una sociedad capitalista”. Aun así sería irresponsable agotar el debate aquí y es por eso que situare como pregunta a desarrollar en un futuro: si la manifestación del patriarcado transformada en violencia material y simbólica, que es personificada en la acción extrema mayormente empleada por varones, ¿es una acción consciente y voluntaria, o por el contrario, arraiga elementos tales que podrían constituir la inconsciencia e involuntariedad de estos actos?.

Como último elemento de este punto, a medida que han pasado los días y el abordaje social que ha tenido esta situación se ha puesto de manifiesto en forma explícita la base ideológica de quienes se han señalado desde la bancada del supuesto patriotismo, que muy lejos de constituirlo, han dejado al descubierto sus intereses ultranacionalistas y fascistas en medio de agitar política y mediáticamente consignas como “la cárcel no basta” y bajo ésta instalar la restitución de la pena de muerte en la medida que explicitan el bajo costo que tendría esta “solución”. Y pues claro que la cárcel no basta, cuando ésta sólo se ha encargado de castigar, condenar y ahondar en las desigualdades, en medio de un sistema social reaccionario ante la atención de estas situaciones que lamentablemente siempre han estado presentes. La aplicación de medidas como el endurecimiento penal y la restitución de la pena de muerte, entonces quedan limitadas en tanto que significan la mera respuesta frente a la consecuencia; y no la atención acerca de prever todas aquellas condiciones que propician la generación de la violencia extrema.

Una alternativa social desde los espacios populares y el feminismo socialista como contribuidor a la organización de esta acción.

Como movimiento feminista es incipiente el desarrollo acerca del debate sobre el planteamiento político del asunto de la violencia extrema, pero una cosa tenemos claro y es que el feminismo socialista ha puesto en el centro de su acción política propiciar las condiciones organizativas que permitan transformar de manera radical la forma en que se ha organizado de forma histórica la producción, y en su consecuencia, la reproducción de la vida social. A su vez, se ha puesto como tarea el contribuir en el desarrollo de un programa político de la clase trabajadora y su defensa, el cual no estará escindido de aquellos elementos inmediatos que deban abordar el tema de la violencia, su lugar y sus determinaciones en ciclo de producción capitalista.

Sin embargo y de forma preocupante, visualizo como la acción política del movimiento aún queda disminuida en sólo la exigencia de justicia, nos hemos detenido sólo a reaccionar (bueno, sería raro no reaccionar) ante estos hechos y denunciar al mismo tiempo la justicia de carácter patriarcal. Sin embargo nuestra acción no puede quedar agotada en visibilizar una y otra vez aquello que lamentablemente ya conocemos, no basta con sólo exigir justicia y esperar “buenos criterios” en aquellos procesos burocráticos del sistema, sino que además, debemos fortalecer y dotar de organización aquellos espacios populares que permitan la construcción de infraestructura tal que nos permita avanzar no sólo como movimiento feminista sino como clase trabajadora en su conjunto en fuerza efectiva para constituir una respuesta social ante las situaciones de violencia y las problemáticas de la vida, de este modo la compresión del carácter de nuestra lucha por la liberación de la mujer de las distintas relaciones de opresión en sí mismo su carácter anticapitalista, nuestra apuesta debe apuntar hacia la creación un elemento programático que permitiría el avance de aquellas condiciones problemáticas: la creación de un sistema plurinacional de cuidados poniendo en la mira el rol centralizador y democrático que debe tener el Estado como garante de una nueva reproducción social para la clase trabajadora. En términos inmediatos, el levantar talleres y procesos de re-educación, espacios de comunicación e instancias que permitan la generación de lazos de confianza y solidarios al interior de la clase trabajadora son algunas de las medidas que se visualizan como tareas a trabajar. Realizar esto contiene el carácter de urgente, sino sólo quedamos en la reacción y con ello abriremos paso fácil a aquellas posiciones conservadoras y de cara letales para la supervivencia de nuestro pueblo.