El 20 de junio se promulgó sin aplausos, ni presencia de la oposición, el Ingreso Familiar de Emergencia 2.0 en el palacio de La Moneda, evidenciando con dicha ausencia en el escenario, que las tensiones políticas vividas en las semanas previas a la firma de dicho acuerdo no menguarían. Pese a que gran parte de los partidos de oposición finalmente dieron sus votos para respaldar el IFE, incluso aquellos que se retiraron de la mesa de negociación el día anterior a la finalización de las negociaciones, la sensación de insuficiencia de las medidas adoptadas hasta ahora siguen presentes en el escenario.
Desde que el IFE 2.0 fuese aprobado, los dineros destinados a las millones de familias hasta ahora beneficiadas, han sido entregados de forma escalonada, aunque sin duda con una mayor rapidez si se le compara con el proceso de entrega de cajas de alimentos que hasta el día de hoy sigue incompleto en algunas regiones del país. Lo cierto es que, para acceder a este beneficio, las familias debían estar previamente inscritas en el Registro Social de Hogares (RSH), instrumento creado con el propósito de gestionar de mejor manera el gasto social, al focalizarlo en los sectores más vulnerables del país y cuyo antecedente directo es la ficha de protección social implementada durante los gobiernos de la concertación.
Para que una familia pueda crear un RSH, el protocolo en tiempos normales establece un mecanismo mediante la página web del Ministerio de Desarrollo Social, en la cual un integrante del grupo familiar debía caracterizar a grandes rasgos la vivienda, salud, pertenencia a algún grupo de riesgo y situación socioeconómica de las personas que componían el grupo familiar, todo esto mediante el respaldo de documentos que debían ser escaneados por la misma familia y luego verificados mediante la visita de un asistente social municipal, que se encargaba de visar los aspectos esenciales de lo declarado en el registro, para luego ser enviado al Ministerio de Desarrollo Social para su revisión, mediante la comparación de la información declarada con la existente en las instituciones públicas. De concordar la información declarada con la existente, la familia pasaba a ser incorporada de manera definitiva a la base de datos del Ministerio de Seguridad Social.
El registro lograba subsanar de una forma más o menos eficiente el problema que tienen los Estado de ingresos medios-altos al momento de definir la focalización de sus recursos en programas sociales, ya que, a diferencia de los Estados de ingresos bajos donde la mayoría de su población sufre niveles altos de pobreza y vulnerabilidad, estos debían diferenciar con mayor precisión a los segmentos de la población que, a juicio de los creadores de políticas públicas, ameritaban algún tipo de ayuda social. De esta forma, el costo de la caracterización socioeconómica recaía en parte en la propia familia que quisiese ser destinataria de ayuda social.
Hasta diciembre del 2019, la cantidad de hogares con RSH alcanzaba la cifra de 5.436.878, de los cuales 2.985.777 pertenecían al tramo del 40% de menores ingresos, lo que equivale un 54.9% del total de registros. Hasta mayo del 2020 (último registro subido al sistema ADIS), unos 166.947 nuevos hogares se habían registrado en el RSH, de los cuales 136.214 correspondían al tramo de menores ingresos, es decir, un 81.6% de los nuevos registros corresponden a adiciones de nuevos hogares al tramo 1 de menores ingresos, lo que supone el aumento de 1% del tramo respecto del total de hogares registrados.
Lo anterior no puede ser una sorpresa para nadie, puesto que la pandemia había comenzado a afectar el bolsillo de millones de compatriotas desde comienzos de marzo del presente año, cuestión que de hecho llevó a muchas familias a buscar ingresar al sistema de protección social del Estado, en miras a recibir algún beneficio de los anunciados por el gobierno desde abril a la fecha, y en la que el RSH se ha posicionado como el único instrumento para discernir a las familias que requieren protección social, respecto de aquellas que no califican.
Sin embargo, lo más complejo de analizar en virtud de este mecanismo, es que las actualizaciones de datos en función del alto grado de demanda de modificaciones o nuevos RSH, e incluso de apelaciones al IFE 1.0, están atochando las oficinas públicas encargadas de analizar la información, lo que ha llevado a que familias enteras que han visto disminuir sus ingresos en los periodos abril – junio, aún no puedan acceder al sistema de ayudas creado por el gobierno, pese a que este último haya disminuido los pasos para efectuar todos estos trámites.
Lo anterior se complica aún más cuando el acuerdo firmado el 14 de junio, estimaba que la cantidad de personas que cumplían las condiciones para ser beneficiarias del IFE 2.0 alcanzaba los 2.100.000 hogares, lo que queda bastante lejos de la cifra de hogares pertenecientes al tramo 1 con los datos entregados hasta mayo (más de 3 millones 100 mil), cuestión que solo aumentará con las actualizaciones de los meses siguientes.
En definitiva, el instrumento del RSH, incluso con su versión contingente del Indicador Socioeconómico de Emergencia, se hace inadecuado para medir de forma oportuna las variaciones de ingresos de las familias, por lo que es muy probable que cientos de miles de hogares queden a la deriva de la protección social en momentos de máxima necesidad, o peor aún, que funcionarios cambian unilateralmente datos que hagan calzar de manera forzada los fondos destinados para el ingreso de emergencia como registró hace unos días el medio Interferencia.
Cuestiones como estas nos deben llevar a plantear nuevos enfoques relativos a los sistemas de protección social estatales, como son el aceptar la imposibilidad de medir en tiempo real las variaciones de ingresos de las familias, pues no existe instrumento que supere los problemas de temporalidad antes indicados. En ese sentido, países como Canadá o Alemania han optado por el ofrecimiento de ingresos con la posibilidad de ser cobrados vía impuestos en caso de no calificación o rechazo posterior, evitando con ello cuellos de botellas que pueden resultar fatales para familias que necesitan con urgencia recursos para sobrevivir.
En esa misma línea, la implementación de ingresos básicos universales también operaría como un mecanismo capaz de llegar a tiempo al colapso de las economías familiares o individuales, sin tener que esperar modificaciones en el servicios públicos o reformas legales que, en lo bajo, demoran meses hasta su entrada en vigor. Sin más, Chile tuvo que esperar hasta finales de junio para consensuar un mecanismo de ayuda que ha mostrado cientos de fallas en sus pocos días de implementación.
Es cuestión de tiempo para que las críticas a la metodología de entrega tomen una forma cada vez más dramática, llevando en los hechos a una superfluidad del acuerdo alcanzado en junio más aún si la situación económica sigue en franco retroceso. Es necesario pensar en un nuevo tipo de seguridad social para Chile, que deje atrás la focalización y la desconfianza hacia las personas.
Por Felipe Zúñiga, integrante de la Corporación de DDHH 4 de Agosto
