«No estábamos preparados»: 76 días después de iniciada la pandemia en nuestro país, Sebastián Piñera reconoce en cadena nacional lo que ha sido evidente para todo un pueblo. El Gobierno se ha caracterizado por su improvisación y mala gestión para enfrentar la pandemia de Covid-19. Este lunes superamos la cifra de 46.000 personas contagiadas testeadas y más de 475 personas fallecidas. El crecimiento en los últimos días es exponencial, superando los 2 mil casos diarios. La cuarentena aplicada al Gran Santiago deja en evidencia la precariedad laboral, donde muchas familias han manifestado sus complicaciones para confinarse: despidos masivos, reajustes salariales y retención de los sueldos, nos deja sin ingresos, y quien no tiene ingreso, no come.
La falta de preparación no ha sido obstáculo para que desde el Gobierno apliquen su receta de siempre: medidas que benefician al empresariado y hacen cargar sobre los hombros de la clase trabajadora la crisis en curso.
Primero, se negaron a decretar cuarentenas obligatorias, privilegiando que las empresas siguieran funcionando, aun cuando eso significara afectar la vida y la salud de millones de familias.
Segundo, cuando dejaron de negar la gravedad de la pandemia, se abrieron a decretar cuarentenas “dinámicas” y cerrar determinados sectores productivos, sin embargo, a través de un Dictamen de la Dirección del Trabajo, posteriormente, ratificada por el Congreso (incluyendo votos de RD y el PC) se aprobó una ley que permite al empleador suspender el contrato de trabajo y que el empleador no pague la remuneración de sus trabajadores. Como contrapartida, se le permite al trabajador pagarse desde sus fondos del seguro de cesantía. Más de 700.000 afectados por esta ley, mientras las empresas insisten en retirar sus utilidades. Sumado a ello, los despidos siguen aumentando mes a mes, por lo cual se espera que la cantidad de personas desempleadas supere al millón de personas.
Tercero, volvieron a negar la gravedad del asunto y a mediados de abril plantearon que las clases se reanudaría después del 28 de abril y que había que estar dispuestos a volver a la “nueva normalidad”. Ante los reclamos de distintos sectores, desde la academia hasta las organizaciones sociales, dieron pie atrás y comenzaron a hablar de un “retorno seguro”, conforme al cual se podían abrir los centros comerciales y era posible tomarse un café con los amigos. Las cifras de contagiados comenzaron a crecer por miles a partir del 1 de mayo y trataron de eliminar este discurso, pasando a uno nuevo: la culpa la tienen los irresponsables.
Cuarto, el crecimiento exponencial de contagiados obligó al gobierno a tomar medidas de mitigación de la pandemia. Para ello decretaron la cuarentena en el Gran Santiago y comunas aledañas, afectando a más de 7.5 millones de personas. Pero el problema era evidente: la precariedad laboral haría imposible que las personas pudiesen mantenerse confinadas sino se garantizaban sus necesidades básicas, en especial, la alimentación. Hace unos días se aprobó el Ingreso Mínimo Familiar, pero este sólo beneficiará a algunas familias del país y la cifra es insuficiente: 65.000 por persona el primer mes; 55 mil el segundo y 45 mil el tercero. Nadie sobrevive con ese monto y muchos quedan excluidos de dicho ingreso.
Quinto, ocurrió lo esperado. Siguiendo la ruta de la Revuelta Popular de octubre, cientos de familias salieron a protestar en El Bosque. La consigna era simple: con hambre no hay confinamiento. Es una protesta contra el hambre y la miseria a la cual ha condenado el gobierno a los sectores populares. Pero ante un Gobierno que no estaba preparado, el pueblo se prepara, tomando como aprendizaje lo vivido durante meses de lucha en la Revuelta Popular, que hoy conmemoramos con barricadas y cacerolas sus 7 meses.
¡Ante el hambre y la miseria, el pueblo se rebela!
Por Javier Pineda, Editor de Convergencia Medios
