Por Javier Pineda, Convergencia Medios
Las Fuerzas Armadas – en principio – tienen por objetivo el resguardo de la seguridad nacional frente a amenazas extranjeras, aun cuando la doctrina de Seguridad Nacional fue desarrollando también el concepto de “enemigo interno”.
Los encargados del Orden y Seguridad Pública son los Carabineros, aunque es evidente que han sido desbordados con la movilización popular. En un contexto de Revuelta, el orden público no se soluciona con represión. Eso, como ya lo hemos visto estos meses, solo traerá más heridos y muertos. Es imposible que cerca de 50.000 Carabineros y otra cifra similar de militares reestablezca el orden público. Ni en los tiempos de dictadura cívico-militar 50.000 efectivos militares pudieron hacer frente a 3 millones de personas en Santiago: ahora somos más de 7 millones y la guarnición de Santiago no supera los 12.000 efectivos.
No obstante lo anterior, el Gobierno de Sebastián Piñera insiste con la criminalización de la Revuelta Popular y ha contado con el apoyo de la oposición, en especial, de parlamentarios de la Democracia Cristiana, Partido Radical y PPD.
La primera acción legislativa exitosa en esta línea y que es fruto del “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” para el Gobierno fue la “Ley Anti-Barricadas” y “Anti-Saqueos”, la cual incluyó votos favorables de toda la oposición (Chile Vamos, ex Concertación y sectores del FA) para su aprobación en general en la Cámara de Diputados, honrando su palabra empeñada en el Acuerdo de la madrugada del 15 de noviembre entre gallos y media noche.
La segunda acción legislativa en esta línea corresponde al proyecto que permite que militares resguarden “infraestructura crítica”, el cual fue aprobado por el Senado y pasará los próximos días a ser discutido por la Cámara de Diputados.
Este proyecto de ley llamado “proyecto de reforma constitucional que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica” presenta varios problemas políticos y jurídicos.
La primera pregunta que surge es ¿en qué consiste la infraestructura crítica? El mismo proyecto, en su fundamentación reconoce que “no existe institucionalidad para definirla y determinar su interdependencia”. Y el proyecto de ley lo hace de una forma sumamente general: “La infraestructura crítica comprende las instalaciones, sistemas o componentes de: a) empresas o servicios, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública, cuya perturbación en su funcionamiento o su destrucción tendría un grave impacto sobre la población y b) el Gobierno, el Congreso Nacional, el Poder Judicial y los órganos de la Administración del Estado. La ley determinará los órganos, empresas y servicios que quedarán comprendidos en esta categoría».
Por ello, nos encontramos ante un concepto que quedará a criterio de la autoridad de turno: el Presidente de la República, mediante Decreto Supremo, podrá decretar como infraestructura crítica lo que se le de la gana mientras no se redacte la ley. Desde un supermercado, argumentado que podría afectar un servicio de utilidad pública como lo es el abastecimiento de alimentos, hasta un cuartel de Carabineros. No se distingue entre propiedad del Estado y propiedad privada.
En concreto, se agrega a la Constitución Política de la República en el artículo 32, el numeral 17 facultades al Presidente para decretar este «estado de alerta».
La dictación del decreto le permitirá destinar militares para la custodia o resguardo de la infraestructura que allí señale. La duración del estado de alerta puede ser de hasta 30 días, sólo requiriendo la intervención del Congreso Nacional para una prórroga que supere ese plazo, tal como ocurre con la declaración del estado de emergencia. El ejército demostró no estar preparado para garantizar el orden público, pues están preparados para hacer frente a amenazas externas, en perspectiva de eliminar al enemigo. Nuestro “glorioso Ejército” – jamás vencido y masacrador de su pueblo – se transformará en una empresa de guardias de seguridad.
