Por Jorge Valdebenito Allendes*
Para la tarea analítica de hechos en curso, la virtualidad impone la férrea necesidad de su apriorístico reconocimiento. Por ende, lo aquí sostenido queda abierto a discusión. Lo cierto es que durante el mes de octubre a la fecha, Chile ha sido arena de combate para las clases. La miseria de las masas ha sido su fuente, la violencia su expresión, la aristocracia del dinero su objetivo. Los militares jugaron un rol acelerador. Resultados inmediatos: proliferación de organizaciones de base, perfeccionamiento de experiencia de lucha callejera, y aumento de conciencia de clase en la población. De conjunto, estos elementos han abierto una desestabilización del régimen. Su aparente único sostén, son y han sido las fuerzas armadas y de orden.
Pero el escenario experimentó un reordenamiento de tablero con el llamado Acuerdo por La Paz y la Nueva Constitución. A los partidos conservadores se han plegado los partidos de centro y parte de los partidos de izquierda. Su tarea recomponer institucionalmente el régimen. En ella se ha autoexcluido el Partido Comunista. Si bien es cierto que durante el transcurso de la presente semana han disminuido las magnitudes de las movilizaciones, probablemente dicha situación se revierta. Es de suponer que ello se debe al revés de ciertas cúpulas de la socialdemocracia. Su accionar ha quedado de manifiesto: su actitud centrista ha terminado protegiendo al gran capital (por ejemplo de las AFP), y a las embajadas del capital transnacional. Pese a todo, en estos últimos días se constatan nuevos llamados a huelga general para la siguiente semana.
Lo relevante de no perder de vista es que el Acuerdo se justifica de parte de sus paladines de izquierda como una protección a “la ciudadanía” ante la amenaza de militarización del conflicto. Ello traería consigo una temida masacre. Sin embargo, tal riesgo no se excluye. Por ejemplo, con la conformación de grupos paramilitares, o bien de nuevos John Cobin.
También el Acuerdo es representado como un avance, la apertura de una posibilidad, inexistente hace un mes atrás, y única en la historia de Chile. El proceso conducente a derogar la Constitución del pinochetismo es entendido como un logro. De ahí que sea motivo de celebración. Pero ya se aprecian signos de desconfianza entre las masas. Ejemplo de ello es la “jurisprudencialización” del conflicto, y su discurso ajeno al sentir popular.
Tampoco puede obviarse que “la primera línea” del Acuerdo es el oficialismo. Sus portavoces ovacionaron su firma. También agradecieron la altura de miras y ánimo de diálogo de quienes fueran hasta dicho momento sus adversarios políticos. Estos últimos parecen convertirse en el equivalente chileno actual de los girondinos. Su carácter colaboracionista ya es denunciado en redes sociales.
Pero lo curioso es que se argumente desde una masacre imaginaria. Hay dos puntos a destacar en dicho sentido. Primero, que el Estado de Emergencia explicitó la crisis interna del Ejército. Insubordinación en Antofagasta, juegos con pelotas de playa en Viña del Mar, supervisión de saqueos en Santiago, y levantamiento de banderas mapuche en Puente Alto. Y es lo que ha figurado en los medios. Se suma la insubordinación de Carabineros, cuya violencia ha sido incluso objeto de atención de la prensa internacional. Pero en segundo lugar queda la desconfianza de las Fuerzas Armadas y de Orden respecto al poder Ejecutivo. Su antecedente es la suerte de descabezamiento tras los casos de corrupción (Milicogate y Pacogate), además del anuncio de que los excesos no quedarán impunes. Mención honrosa poseen los atropellos de los Generales a la autoridad del Ministro de Defensa.
Nada asegura que la militarización, y materialización de una espectral masacre no se haga efectiva. Es más, si se proyectara que las elecciones son ampliamente beneficiosas para “la izquierda”, ¿cómo se estima que reaccionará la aristocracia del dinero una vez que sus intereses se encuentren realmente amenazados? El llamado del reformismo es a “disputar con todo las elecciones”. Pero, ¿qué subyace a ello? Hoy ya somos testigos del terror. Al extraño caso de Daniela Carrasco se suma el de Albertina Martínez. La masacre puede sustituirse por persecución y asesinatos dirigidos. Su objetivo: activistas, periodistas, líderes sociales, políticos locales, entre otros. Es decir, nada previene Juan Pablo Jiménez, Macarena Valdés, Alejandro Castro y Camilo Catrillanca.
Sigue siendo el conjunto de Fuerzas Armadas y de Orden el factor clave de cualquier posible esquema. Al respecto destacar las palabras del recientemente dimitido Presidente boliviano, Evo Morales, sobre los militares en su entrevista con Rafael Correa para el noticiero Russia Today: “es lucha de clases, se van con quien les ofrezca más”.
Pero ante la especulación de eventuales escenarios se imponen cuestiones materiales. Uno es el cansancio psicológico y económico de importante parte de la clase trabajadora, como cuentapropistas sin fondos de reserva. Dicho elemento abre posibilidades para el éxito del fraccionamiento inducido por arriba hacia el interior de los sectores movilizadas. No puede omitirse que José Antonio Kast ha logrado recientemente inscribir el Partido Republicano en las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y La Araucanía. Son los efectos de polarización y multiplicación política propios de la intensificación y expansión de la lucha de clases. Esto se combina con la ausencia de una organización política fuerte que provea formación y orientación ideológica de masas.
Otro es el férreo control empresarial y gerencial sobre la burocracia sindical de los sectores productivos. Allí habita la llamada aristocracia obrera, cuyos privilegios protegidos no permiten generar condiciones propicias para la solidaridad material de esta hacia las capas bajas de su propia clase. Es decir, lejos se encontrará este actor clave de tomar la determinación de paralizar efectivamente sus actividades, e ir más allá de la viralización de vídeos vía Whatsapp.
Y cada vez más manifiesto es el tercer elemento: la fase embrionaria del derechazo. Esta incluso ya exhibe rasgos de crecimiento. Hostigamiento, amedrentamiento, y amenazas sobre los y las partidarias del levantamiento se dan en lugares de trabajo, habitación y estudio. También se aprecian maniobras en tal dirección. Despidos, agitación en barrios conducente a la guerra de pobres, sabotaje durante encuentros y reuniones territoriales, además de persecución en liceos y universidades. En este último aspecto se registran iniciativas de congelamiento de años escolares o bien digitalización de actividades académicas. Sin ahondar en el inusitado proceso de reclutamiento militar para jóvenes.
Ya se distingue también que todo lo anterior opera en sincronía con un cuidadosamente planificado cerco mediático. Su objetivo será fabricar una sensación de normalidad. En los noticieros abundan las imágenes de violentistas encapuchados, saqueando e incendiando a destajo. En los programas de conversación los defensores del movimiento popular son ridiculizados, o puestos en desventaja numérica en los “paneles de expertos”. En los programas de debate político sólo se invita a miembros moderados de la izquierda, que celebran el Acuerdo pero condenan “todo tipo de violencia”. la televisión, pese a ser denunciada hasta hace pocos días como encubridora y analgésico de masas, hoy vuelve a su tradicional rol. Su respaldo institucional es también el Acuerdo.
Pero no se puede dejar atrás la complejidad orgánica de la clase trabajadora. De momento se presenta a sí misma como mera suma de partes. Si no logra constituirse como cuerpo dotado de fuerza, audacia y habilidad de conducción, inhabilitada se encontrará de salir al paso de sus enemigos de clase. Vale decir, si no constituye una organización política fuerte, no avanzará sustancialmente en la modificación de las correlaciones de fuerza que mantiene con la élite dirigente.
Debe destacarse, ante todo, que el Acuerdo ha significado una conquista de tiempo para la clase dominante. Le ha otorgado la posibilidad de reagruparse, reparar sus aparatos, fortalecer sus músculos, y realizar nuevos y mejores cálculos. Se ha perdido la carta del factor sorpresa. Inclusive se constata una izquierdización de su discurso. El campo de batalla se ha trasladado en beneficio de los términos burguesía: la institucionalidad representativa. Experiencia de sobra posee esta en los aparatos y estructuras jurídico-burocráticas. A los títulos en prestigiosas universidades extranjeras, se suman apellidos de innegable reputación republicana.
El empresariado gozará de tiempo suficiente para desenvolver toda su ayuda social, y perfilarse como el mejor postor en las próximas elecciones. Por ejemplo, incrementar considerablemente microcréditos para emprendedores. Estos serán acompañados de la narrativa asistencialista de mitigación ante “los daños del estallido”. También podrá pavimentar caminos en localidades rurales, instalar pasto sintético y luminaria en canchas de barrios vulnerables, organizar completadas, cumpleaños, bingos bailables, paseos para la tercera edad, cursos de capacitación para jóvenes, abrir salas cuna, construir centros de salud, edificar nuevos colegios, y un largo etc.
Dicho sea de paso, tal proceso será realizado con fondos públicos vía concesionarias, siguiendo los lineamientos del propio FMI para enfrentar la desaceleración económica mundial. La reconstrucción conducida por el empresariado y su Gobierno será acompañada de campañas que pongan en boca de todos que hay preocupación por generar miles de empleos. Es decir, gracias a la iniciativa empresarial venidera, se reabsorberá parte de la fuerza de trabajo que perdió su puesto laboral “gracias al accionar de los vándalos”.
En paralelo se instalarán cámaras y casetas policiales, principalmente donde se constató mayor nivel de organización y disposición al combate popular. Para devolver la mano a las Fuerzas Armadas y de Orden es de esperar que arriben nuevos insumos técnicos, como equipamiento antidisturbios y de inteligencia táctico-militar. En resumen, se hará todo lo que sea necesario para blindar y perfeccionar el régimen de clases vigente.
Junto con trabajar la tesis de la vuelta a la normalidad, previo a fiestas de fin de año, vacaciones, y vuelta a la rutina de marzo, los medios se cuadrarán con el discurso de criminalización hacia las clases populares. También ensalzarán la intachabilidad de los rostros conservadores previo a las elecciones. De paso difamarán aquellos promovidos por la oposición. Y aún así, si todo esto no fuera suficiente para asegurar los intereses del gran empresariado, se procederá a métodos más radicales. Como hemos dicho, se vaticina una lluvia de Camilos Catrillanca y Macarenas Valdés, pero para todo el territorio nacional. Una tormenta de “balas locas” u otros “desafortunados acontecimientos” coparán las crónicas de “hechos sin resolver” de la prensa roja.
La lucha de clases se jugará de visita para el proletariado. Para las organizaciones políticas de la clase trabajadora múltiples son los desafíos urgentes. A las tradicionales fórmulas de trabajo ideológico de masas, preparación de cuadros, y sofisticación orgánica de base, urge una orientación hacia las Fuerzas Armadas y de Orden. Su posibilidad real vendrá cuando se ejecuten las primeras sanciones por violaciones a derechos humanos hacia uniformados por los hechos de represión de Estado. Como es de suponer, estas recaerán sobre rasos, cabos y sargentos. Destituciones, e incluso cárcel pueden ser parte de castigos ejemplificadores. Generales y Coroneles, desde luego, quedarán inmunes, o a lo sumo con penas simbólicas. Ello pondrá en evidencia las contradicciones de clase a la base del Ejército y Carabineros, y permitirá rememorar figuras como la del propio Guillermo Schmidt.
Por anticuado que suene, el éxito dependerá una vez más de la conformación de una organización política que acaudille, hegemonice y conduzca el curso de la lucha por la emancipación popular. Es clave la tarea de entendimiento de las condiciones culturales del período, a modo de integrarlas en la estrategia de suma de adeptos. Es vital que a la figura de partidos se sumen las de coordinadoras, movimientos, y otras. La creación de organizaciones intermedias orientadas a contener y canalizar el descontento general por principio de desconfianza “antipartidistas” tampoco puede ser descartada.
Para concluir, se entiende que de momento hay signos de entendimiento en la población de que el Proceso Constituyente ha sido pactado bajo una lógica tutelada y artificiosa. También que este no tendrá impacto sobre las condiciones materiales de vida del grueso de la población. Asimismo que las promesas de la llamada Agenda Social del Gobierno poseen “letra chica”. La conciencia de clase al parecer ha despertado. Faltan ahora el número y organización. Esto es fundamental si se espera tener éxito en la realización de la necesidad de caída del régimen. Esta ya se deja sentir entre las masas. La primera fase de la rebelión parece cerrarse. De ahí la relevancia de continuar la protesta social hasta bajar el Acuerdo. Dependerá de la clase trabajadora de conjunto que su maniobrar conduzca a una siguiente fase de lucha, o devenga retroceso hacia el estado anterior. El camino está por verse.
*Sociólogo. Dr. © en Estudios Interdisciplinarios, Universidad de Valparaíso.
