Por Felipe Díaz, integrante de la Corporación 4 de Agosto
En lugar de hacer de las salas de clases un espacio seguro, se pretende amedrentar a profesores y alumnos, buscando su desprestigio social para fortalecer un modelo privado de educación.
Estos días se han vivido momentos inaceptables en las instalaciones del Instituto Nacional General José Miguel Carrera. El martes 20 de agosto, a eso de las 7 de la mañana, alumnos, profesores y apoderados fueron testigos de una de las medidas más polémicas que se han dado en la administración del alcalde de Santiago y sostenedor del recinto educativo Felipe Alessandri: una excesiva dotación de Fuerzas Especiales (FF.EE.) se apostó en los alrededores del liceo, realizando controles de identidad a los alumnos previo a su ingreso al establecimiento.
Escenas como ésta se han vuelto recurrentes en los últimos meses, pero ese día la intervención policial llegó aún más lejos. Funcionarios de FF.EE., se atrincheraron en el techo del Instituto, produciendo una escena de violencia que trasgrede los derechos de la comunidad educativa, validado por las autoridades y sin mayor castigo de la opinión pública.
Lo ocurrido esa mañana es parte de la política que ha impulsado la administración de Sebastián Piñera, a través del Ministerio de Educación, encabezado por Marcela Cubillos. Con el impulso de la Ley Aula Segura, iniciativa del Ejecutivo aprobada con votos de toda la ex Nueva Mayoría, salvo el Partido Comunista. En su momento, el diputado demócrata cristiano Mario Venegas señaló al medio Radio Cooperativa que: “primó el sentido común”, declaraciones compartidas por el diputado Jaime Bellolio (UDI) quien a su vez mencionó que: “este amplio respaldo da cuenta de que este proyecto es de sentido común”.
Tortura y represión como “sentido común”
Frente a tales declaraciones surge la pregunta respecto de la clase de sentido común que se pretende reivindicar. ¿Es acaso de sentido común el sitiar un establecimiento educacional en el cual hay menores de 18 años?, ¿es sentido común el registro de vestimentas y mochilas a niños que no superan los 15 años? ¿o quizás lanzar gases lacrimógenos dentro del establecimiento educacional y cerrarle las salidas, provocando un profundo malestar físico y sicológico a más de 4 mil niños?
Los últimos días han sido de profundización de los mecanismos de amedrentamiento contra niños y adolescentes que intentan demostrar de diversas maneras el descontento acumulado por años de hacer oídos sordos a la demanda por el reforzamiento de la Educación Pública. Mediante el actuar de las Fuerzas Especiales de Carabineros, bajo la orden de Felipe Alessandri, se llevan a cabo torturas dirigidas a uno de los sectores que más dinamismo ha mostrado en los últimos años de movilización. ¿Es acaso este el sentido común del cual hablan los representantes del Congreso?
Derechos vulnerados con consentimiento de las autoridades
Chile es uno de los firmantes de diversos cuerpos normativos internacionales, entre los cuales se encuentran la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Sin embargo, el Estado no ha hecho más que infringirlos a través de una serie de actos, dentro de los cuales podemos mencionar el ingreso al establecimiento educativo y posterior detención arbitraria de un gran número de estudiantes, el allanamiento por parte de FF.EE. del Instituto en horas en las cuales se encontraban apoderados reunidos realizando votaciones, lanzar bombas lacrimógenas al interior del colegio sin contar con una vía de escape, imposibilitando la salida de más de 3 mil niños, generando la asfixia y desesperación de una gran parte de estos, y así la lista suma y sigue.
Es en este sentido, que la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz señaló en entrevista con Radio Duna que “las medidas policiales que se están aplicando resulta vulneratorio a los niños y adolescentes que ahí estudian y no son sostenibles en el tiempo”. Agrega que “queda de manifiesto que la única solución, que de verdad a mí no me parece razonable desde lo que uno espera de la policía y de una persecución penal en nuestro país, es tener un colegio sitiado por Fuerzas Especiales. Eso no es sostenible y tampoco corresponde en el ámbito de los derechos de los más de 4 mil estudiantes que van a estudiar”.
Como Corporación 4 de Agosto, hemos podido apoyar a estudiantes que han sido detenidos de forma azarosa y sancionados arbitrariamente, siendo acusados de delitos como el lanzar artefactos incendiarios basándose únicamente en el parte policial, infringiendo de manera brutal el principio de inocencia consagrado tanto en nuestra Constitución como en la normativa legal. A pesar de haber logrado revertir tales situaciones, las consecuencias psicológicas y sociales tienen una repercusión relevante para la participación estudiantil, siendo un desincentivo para la conformación de la comunidad educativa.
¿A esto se referían con el sentido común asociado a la aprobación de la Ley Aula Segura? Este supuesto sentir oculta la verdadera intención que hay detrás de la aprobación de dicha norma, el ser un mecanismo más dentro de la agenda política de represión y amedrentamiento que ha impulsado la administración de Sebastián Piñera en conjunto con la Municipalidad de Santiago, hoy en manos de Felipe Alessandri. En lugar de hacer las aulas un espacio seguro, se pretende atomizar y criminalizar a la comunidad educativa, de manera de lograr su deslegitimación social para fortalecer un modelo privado de educación.
