La crisis de Carabineros se muestra en su punto más alto, sin embargo, se viene arrastrando hace tiempo. La negativa de Hermes Soto de renunciar al cargo de General Director, en una muestra clara de no subordinación al Gobierno civil, es una extensión de la acción del año pasado – la más crítica desde el Boinazo – cuando Carabineros en Temuco impidieron el allanamiento de la PDI en el marco de la investigación de la Fiscalía por la Operación Huracán.
Estas conductas que han merecido un rechazo general por parte de las organizaciones políticas del Bloque en el Poder, expresan algo mayor que aún no ha sido develado. El telón de fondo es el reordenamiento del bloque en el poder y los ajustes al sistema político, que se materializa en la apuesta de Sebastián Piñera por conformar una Transición Patronal 2.0. Este telón de fondo empezó a tomar forma en el ámbito de las Fuerzas de Orden desde la coyuntura abierta con el fracaso del montaje del Gobierno de Michelle Bachelet y Carabineros en la denominada Operación Huracán.
Agotamiento de la Alianza Cívico-Militar creada por la Concertación
El pacto de la Transición creado a finales de los años ochentas, implicó el diseño de una democracia protegida, donde uno de sus pilares principales era que las fuerzas de orden «volvían a los cuarteles» y asumían el tutelaje militar de la «democracia» y el principio de autoridad de los civiles por sobre las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad.
Luego, vino una serie de negociaciones con las fuerzas de orden y partidos del duopolio conducidas por la Concertación, que posterior a la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres, desembocaron en las reformas de Ricardo Lagos en 2005. Estas reformas se plasmaron en una Reforma Constitucional que eliminó la inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y del General Director de Carabineros; el Consejo de Seguridad Nacional pasó a ser un órgano solamente asesor; se eliminaron los senadores designados y el sistema binominal fue rebajado a rango de Ley Orgánica Constitucional.
Aquello matizó el rol del tutelaje militar y se apostó a la «profesionalización» de las fuerzas de orden, lo que le permitió a la Concertación la conformación de una relación cívico-militar estable, realizando alianzas con los altos mandos. Sin embargo, esta alianza siguió fundada en la autonomía militar, que se mantiene prácticamente inalterada, ya sea en el ámbito institucional (carrera militar y, parcialmente, en la generación de ascensos y retiros), político (desarrollo de la política militar a través de la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa – ENSD), financiera (Ley Reservada del Cobre y sistema previsional) y judicial (Justicia Militar). Han existido ciertos ajustes al Financiamiento y a la Justicia Militar (sobre todo este punto), pero de forma y no de fondo.
Cuando el Gobierno de Piñera en marzo del presente año nombra a Hermes Soto como General Director, también barre con gran parte del alto mando vinculado a la Concertación. Cabe recordar que Bruno Villalobos fue puesto por Michelle Bachelet como General Director; Aldo Vidal y Claudio Bórquez fueron jefes de la escolta de Bachelet y Daniel Tapia era jefe del OS-9 cuando incautaron el computador en La Moneda de Sebastián Dávalos por el “caso Caval”. Ellos y otros más vinculados salieron, y asume Hermes Soto en la primera maniobra del gobierno de Sebastián Piñera por establecer una nueva relación cívico-militar en el marco de su apuesta por una segunda transición, aprovechando la crisis de la Concertación-Nueva Mayoría y, por tanto, de la relación cívico-miltar construida.
Hacia la nueva Transición 2.0.
Pero la coyuntura del asesinato al weichafe Camilo Catrillanca marca otro punto de inflexión. Los “errores” del gobierno lo obligan a descartarse y a no hundirse con Carabineros. Más que mal, están conformando una nueva relación cívico-militar y si eso implica seguir barriendo altos mandos y apostar por moldear las nuevas generaciones: es lo que les queda y lo prefieren. Sin embargo, esta nueva coyuntura pone más elementos a esta disputa inter-burguesa en el marco del reordenamiento del bloque en el poder y los ajustes al sistema político. Bruno Villalobos, además de ser sacado del alto mando junto a su círculo cercano, está siendo procesado en calidad de cómplice por el asesinato del universitario Patricio Manzano en 1985. Y los videos filtrados sobre el asesinato de Camilo Catrillanca – que repercutieron en la prensa y en la Agenda Pública esta semana – los entregó el abogado del suboficial Patricio Sepúlveda, quien también representa al mayor Patricio Marín, ex jefe de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de La Araucanía, cercano a Bruno Villalobos.
Esto nos permite sostener que podemos hablar de una operación dirigida desde el grupo de Bruno Villalobos. Quienes hoy salen del alto mando, además de Hermes Soto y del Jefe de la Zona Metropolitana y los puestos de funciones centralizadas (Subdirector, Contralor General, Finanzas, Logística, entre otros) son los Jefes de Zona de La Araucanía y Los Lagos, donde Bruno Villalobos mantiene mayor influencia. Villalobos también mantiene influencia en los espacios inteligencia y otros círculos, por eso la mantención de Miguel Jara como Director de Inteligencia, quien hace poco asumió en reemplazo de Ignacio Villarrubia que también era del círculo de Villalobos.
No obstante lo anterior, es importante vincular estos elementos de crisis al interior de Carabineros con la disputa inter-burguesa, el reordenamiento del bloque en el poder y los ajustes al sistema político que se impulsa desde el Gobierno de Sebastián Piñera en lo que ha denominado como «Transición 2.0».
Esta disputa – no crisis orgánica – al interior del bloque dominante es una respuesta al ascenso de las movilizaciones populares en el actual periodo política. La política represiva tanto en las ciudades, pero especialmente en el Wallmapu, demuestra ser insuficiente para contener el conflicto que se expresa en distintos procesos de luchas por autonomía y control territorial – principalmente en el Wallmapu – como luchas contra la patronal, siendo un claro ejemplo de ésto la lucha de los portuarios en Valparaíso.
En el Bloque en el Poder podemos encontrar una propuesta que sigue insistiendo en la represión de estas movilizaciones y en el fortalecimiento de las Fuerzas de Orden, tal como sostienen sectores de Renovación Nacional (relacionados al conflicto en el Wallmapu como Miguel Mellado), de la UDI (prácticamente en su totalidad) y José Antonio Kast. Por otro lado, encontramos un sector del Bloque que busca volver a los «grandes acuerdos nacionales» de la Concertación, sector en el cual podemos identificar a Sebastián Piñera y Alfredo Moreno – en tanto representante del gran empresariado en el Gobierno. Estos apuntaría a una Transición 2.0 que permitiera reconfigurar la relación con las Fuerzas de Orden y Seguridad, sosteniendo con una mano el garrote y con la otra la zanahoria.
La propuesta, desde la izquierda, debe apuntar críticamente al diseño del pacto transicional y a la autonomía militar, tanto en el ámbito institucional (carrera militar, y parcialmente en la generación de ascensos y retiros), político (desarrollo de la política militar a través de la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa – ENSD), financiera (Ley Reservada del Cobre y sistema previsional) y judicial (Justicia Militar), como también a la necesidad de la democratización de las Fuerzas de Orden y participación en el diseño los currículos de las Academias de enseñanza militar.
También, en estos momentos, es importante avanzar en la caracterización de clase de las fuerzas de orden, la relación entre oficiales y suboficiales. Por ejemplo, en la actual coyuntura la suboficialidad – en tanto el eslabón más débil de la cadena – se defiende como puede, filtrando videos, manifestando muestras de descontento al interior, entre otras manifestaciones.
No obstante, debemos ser conscientes que la falta de sujeto constituido en la clase trabajadora y la atomización de sus distintas fracciones, también abren la oportunidad para que las salidas políticas en estas disputas se den principalmente desde la misma burguesía. Esto explica el apoyo de José Antonio Kast por parte de los medios de comunicación del bloque dominante, quienes a pesar de quejarse de sus dichos, saben que su candidatura puede representar un «comodín» en caso de que la Transición 2.0 no logre impulsarse por Sebastián Piñera. El resultado de la última elección interna de la UDI es expresión de ello.
En lo inmediato, es importante visualizar que el gobierno intenta hacer pasar toda la situación sólo como una «crisis de carabineros», desmarcándose de su responsabilidad política en la situación y por eso es importante responsabilizar al Gobierno de Sebastián Piñera, en especial, a su brazo derecho, su primo, Andrés Chadwick. Efectivamente, hay una crisis en Carabineros, lo cual nos obliga a levantar ciertas apuestas en torno a ello, pero no hay que dejar de lado toda la construcción que ha existido de parte del Ejecutivo en la militarización de Wallmapu, en la conformación del Comando Jungla, todo lo cual ha llevado a que hoy existan bestias armadas y con fuerte presupuesto estatal reprimiendo en toda la zona.
Desarrollar planteamientos políticos que vayan más allá de las apuestas liberales que promueven las clases de Derechos Humanos a las Fuerzas de Orden y de la subordinación de los militares al poder civil es una necesidad inmediata para la clase trabajadora.
