Los Empresarios a la ofensiva: Grupos Negociadores, Estatuto Joven y Salario Mínimo
En estas últimas semanas, el Gobierno de Sebastián Piñera ha tomado la ofensiva contra las y los trabajadores. Ello se ha reflejado en: la discusión sobre el salario mínimo; los Dictámenes del Director del Trabajo sobre Grupos Negociadores y “Beneficios Históricos”; y la aprobación del Estatuto Joven en la Cámara de Diputados y que actualmente está discutiéndose en el Senado. Todo ello no es nada nuevo: es el programa histórico de la clase empresarial sobre la clase trabajadora. Más explotación y más eliminación de derechos básicos mediante la flexibilización laboral.
En cuanto al Salario Mínimo, el Gobierno está imponiendo sus términos. La CUT ofreció un Acuerdo Plurianual, en el cual se plantea que de aquí a 2022 podría alcanzarse un salario mínimo de $420.000 pesos. Esta propuesta sigue la línea de pobreza fijada por la CASEN y los resultados de la Mesa de Salario Mínimo, que planteaba un crecimiento anual real de 2.5%. Lo anterior, contrasta con la política de salario mínimo impulsada por el Gobierno de Bachelet en 2017, cuando el salario mínimo solo subió $6.000 pesos. La propuesta es de un salario de miseria. La CUT propone un aumento de aproximadamente $140.000 pesos; pero no da la reflexión de fondo: ¿cuánto debiese ser el salario mínimo para que un/a trabajador/a pueda vivir dignamente y no sea pobre a pesar de trabajar? En esta discusión algunas organizaciones han avanzado y se encuentran estudios que plantean esta discusión, tal como el Estudio sobre la Pobreza de la Fundación Sol (hipervínculo). Es necesario impulsar una discusión sobre el salario mínimo que tenga como norte un ingreso mensual que permita el desarrollo de una vida digna, dejando atrás los criterios insuficientes establecidos por la Encuesta CASEN, que ni siquiera es capaz de reflejar bien la línea de la pobreza.
Respecto a los Dictámenes de la Dirección del Trabajo, lo que hace Mauricio Peñaloza -Director de dicho servicio-, viene a consolidar la Reforma Laboral que desde sus orígenes estuvo concebida para beneficiar a los empresarios, a pesar de que el Gobierno aseguraba “igualar la cancha”. Las materias abordadas en estos dictámenes han sido dos: los “beneficios históricos” y los grupos negociadores. Con el primero de ellos, se reponen más facultades al empleador para extender los beneficios; mientras que con el segundo, se repone una figura que profundiza el paralelismo y atomización sindical. Estos dictámenes le dan una señal a los empresarios, ya que les asegura la protección absoluta de la Dirección del Trabajo. Las fotografías y reuniones de la CUT con el Director del Trabajo parece que no fueron suficientes.
Finalmente, la coyuntura que ha contado con mayor visibilidad en estas semanas ha sido la aprobación del Estatuto Joven en la Cámara de Diputados y que actualmente se encuentra en discusión en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado. El Gobierno, luego de movilizaciones y acciones mediáticas a lo largo del país, dio un paso atrás y retiró la urgencia simple al Proyecto de Ley, por lo cual su aprobación no será inmediata. Sólo la movilización permanente y la protesta popular podrán generar un rechazo al Estatuto Joven. La próxima fecha de movilización es el jueves 9 de agosto, al cual están convocando organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales a una jornada de protesta popular, con acciones en los lugares de trabajo y territorio, y concentraciones y marchas durante el mediodía y la tarde según la ciudad.
No hay Estado de Derecho: Impunidad para los Torturadores y Asesinos
Esta semana la Corte Suprema actuó igual como lo hizo en Dictadura: siendo cómplices de los torturadores y asesinos. En un fallo que debiese ser anulado –conforme a los recursos que presentará la defensa de los ejecutados y detenidos desaparecidos– la Sala Penal de la Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado en favor de 7 presos de Punta de Peuco condenados por crímenes de lesa humanidad.
En lo jurídico, este fallo es una aberración: desconoce el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) y sus Reglas de Procedimiento y Prueba, el cual fue ratificado por Chile en el año 2008 constituyéndose en ley de la República. Este Estatuto considera como requisitos “si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con (las) investigaciones y enjuiciamientos”; “los efectos de una liberación anticipada sobre las víctimas y sus familias”; y “(las) circunstancias individuales del condenado, incluido el deterioro de su estado de salud física o mental o su edad avanzada”. Ninguno de dichos criterios fue analizado por la Corte Suprema. Estos asesinos ni siquiera han pedido disculpas por los crímenes cometidos y siguen sin aportar antecedentes para dar con el paradero de cientos de detenidos desaparecidos y desaparecidos, cuyos familiares siguen buscándolos. Este no es un problema del pasado, sino una muestra de las atrocidades del presente.
En lo político, la derecha se impone con fuerza y, tal como en Dictadura, cuentan con el apoyo del Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Pero, esto sólo fue posible por la desidia de la Nueva Mayoría –ex Concertación– que deliberadamente no hizo nada porque las familias de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos pudieran acceder a la justicia. Mantuvo los privilegios de los violadores de Derechos Humanos en Punta de Peuco, aun cuando tuvo 4 años (sin contar los últimos 20 anteriores) para haber cerrado dicho recinto. Prestaron apoyo para que Pinochet no fuera juzgado en Europa. Se han negado a dar una solución efectiva para los ex presos políticos, quienes han tenido que llegar a huelgas de hambre para visibilizar la situación de miseria en la que viven.
Es indignante que la derecha se llene la boca hablando de Derechos Humanos de los violadores de DDHH, cuando han desconocido hasta el día de hoy los derechos humanos de los mapuche en el Wallmapu, de los migrantes, de las mujeres, de las niñas y niños en el Sename. El chantaje barato de responder con humanidad a los violadores de Derechos Humanos resulta absurdo y debe ser rechazado y evidenciado. Hacer pasar como “pobres viejitos” a los asesinos de mujeres embarazadas, torturadores macabros e invocar a la misericordia no puede ser aceptado.
Estos momentos dejan en evidencia la inexistencia del Estado de Derecho. Sólo existe “derecho” para los poderosos. Impunidad para sus crímenes. Persecución para el pobre. Prisión para el mapuche. La “justicia” sólo llegará de las manos del pueblo digno.
Wallmapu: entre falsos diálogos y la represión continua.
En los titulares de los medios de prensa se destacó el histórico encuentro entre “loncos tradicionales” y empresarios. El 3xi, encuentro que desarrolla todos los años la clase empresarial, se realizó este año en la ciudad de Villarrica y contó con invitados especiales: el Lonco Aniceto Norín, quien fue condenado por delito de incendio con carácter terrorista años atrás, y Víctor Ancalaf, ex vocero de la Coordinadora Arauco Malleco.
Las fotos entre Aniceto Norín y Eliodoro Matte se mostraron como un hito, que fue posible gracias a la “muñeca” negociadora de Alfonso Moreno, a quien un sector de la clase empresarial lo está levantando como candidato presidencial. Pero este falso diálogo queda en evidencia desde un primer momento.
Mientras al frente del Lago Villarrica se tomaban fotos, en el Bajo Malleco se allanaban más de cinco comunidades mapuche. El Comando Jungla –sin órdenes judiciales y sin importarles si se encontraban menores de edad– entraba violentamente a las comunidades, golpeando a mujeres y niñas/os.
Esta denuncia ha emanado desde las propias comunidades y desde las organizaciones políticas mapuche. La CAM salió a dejar en claro que Aniceto Norín, Juan Carlos Reinao y Víctor Ancalaf no son parte de la CAM y que su único vocero público es Héctor Llaitul; como también recalcó que están abiertos al diálogo, pero siempre que sea sobre demandas históricos del pueblo mapuche sobre la base de territorio y autonomía para la nación mapuche, y no por migajas ni medidas que signifiquen sometimiento.
En la misma línea, las comunidades Mapuche de Malleko rechazan esta cumbre empresarial y la participación de “ficticios dirigentes del movimiento Mapuche”. Consideran que esta cumbre fue una manipulación política para aparentar y justificar una política de seguridad que el gobierno le ofreció a terratenientes y empresas forestales.
Igual posición tuvo la Alianza Territorial Mapuche Pulofmapuxawün, quien rechazó el diálogo en esta Cumbre empresarial, considerando que el denominado “consejo de loncos” utilizado por el Gobierno es sólo marketing, pues no existe voluntad alguna de discutir sobre las demandas territoriales. En este mismo sentido, el Lonco Juan Pichún del Lof Temulemu, sostuvo que mientras el Gobierno no se siente a conversar sobre sus demandas territoriales y la desmilitarización del Wallmapu no habrá diálogo posible.
En definitiva, el Gobierno montó un show mediático para demostrar su voluntad de diálogo con el pueblo mapuche, para el cual personas como Aniceto Norín y Víctor Ancalaf – tal como denuncian las propias comunidades – se habrían prestado para satisfacer intereses personales y no el de sus comunidades. Por el contrario, los sectores del movimiento mapuche en resistencia fueron categóricos en rechazar este falso diálogo y en dejar en claro que hay voluntad de diálogo, pero siempre cuando se dé una discusión sobre lo sustancial: demandas territoriales y desmilitarización del Wallmapu.
