Ni tiempos mejores ni catástrofe nacional. Esta semana se cumplieron los primeros 100 días del Gobierno de Sebastián Piñera. La clase dominante ha seguido gobernando con el mismo perfil que los Gobiernos de la Concertación, su Gobierno anterior y el último gobierno de Michelle Bachelet. Los discursos grandilocuentes aún no se materializan, aunque siempre sabemos qué se puede esperar de la derecha: mayores medidas que beneficien a los empresarios.
En Chile no tiene gran relevancia analizar los 100 días, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, país en el cual se acostumbra decir que el Presidente gobierna sólo los primeros 100 días y luego se dedica a garantizar su reelección. Sin embargo, esta cifra puede permitirnos vislumbrar “cómo se viene la mano del Gobierno”. En dicho sentido, podemos agrupar el programa de Sebastián Piñera en torno a tres ejes: (i) la “Agenda Valórica” con énfasis en ataques a derechos sexuales y reproductivos; (ii) Agenda Energética y Productivo, cuyo énfasis está dado en establecer mayores facilidades para explotar los recursos naturales y la fuerza de trabajo, permitiendo aumentar la tasa de ganancia de los empresarios; y (iii) la Agenda de Represión, sobre todo en contra de movimientos sociales y del pueblo mapuche.
La Agenda Valórica boicoteada por la Ola Feminista
La ola feminista se tomó el protagonismo de estos primeros 100 días y la “Agenda Valórica” ha desordenado al Gobierno. La primera jugada estuvo a cargo del Ministro de Salud, quien para obstaculizar la implementación de la Ley de Aborto en 3 causales, emitió un Protocolo que intentaba limitar aún más la aplicación de la ya restringida Ley. Este Protocolo fue declarado ilegal por la Contraloría, produciéndole el primer traspié al Gobierno. Paralelo a ello, las denuncias de acoso sexual y violencia contra la mujer se tomaron la agenda pública, y en el caso de Universidades y Liceos se levantaron las primeras tomas feministas, de las cuales muchas siguen hasta el día de hoy, exigiendo fin a la violencia de género y proponiendo una educación no sexista para todo el sistema educacional chileno. El Gobierno intentó descomprimir esta situación anunciando en cadena nacional la Agenda Mujer, sin embargo, esto no fue más que un intento oportunista para mercantilizar las demandas de las mujeres, que no tuvo mayor efecto. El movimiento feminista sigue exigiendo sus demandas en la calle y éstas no se pueden reducir sólo a “temas valóricos”, sino que implica una perspectiva totalizante que involucra un programa general en contra de la precarización de la vida.
Por otra parte, el mayor conflicto interno se abrió por la decisión de Piñera de darle prioridad a la tramitación de la Ley de Identidad de Género en el Congreso. Esto produjo grandes críticas desde los sectores más conservadores de la derecha, representados por la UDI y José Antonio Kast. Esta decisión oportunista del Gobierno de Piñera lo diferencia cada vez menos de la Nueva Mayoría, logrando canalizar apoyos del “centro político”.
El empresariado exige sus demandas: aumentar sus ganancias a costa de la depredación de recursos naturales y de explotación de la clase trabajadora.
El empresariado, a través de la CPC y la Sofofa, está presionando para instalar su agenda: reducción de impuestos, flexibilización y precarización laboral, eliminación de trabas en la instalación de proyectos energéticos y todas aquellas medidas que les permitan aumentar sus ganancias a costa de la depredación de los recursos naturales y de la explotación de la clase trabajadora.
En cuanto a la Reforma Tributaria, si bien el Gobierno ha anunciado que no disminuirá las tasas de impuestos a la renta, lo más probable es que la “simplificación de la Reforma Tributaria de Bachelet” signifique la posibilidad de aumentar los canales de elusión y evasión fiscal.
Respecto a las reformas laborales, queda en evidencia que la Reforma del Gobierno de Bachelet fue una a la medida de los empresarios, ya que las materias que quieren ser modificadas no son sustanciales: por un lado, se buscaría reponer los grupos negociadores y, por otro lado, se buscaría extender la aplicación del concepto de servicios mínimos para así garantizar que el derecho de huelga produzca menor impacto. Todavía está en veremos si estas medidas las implementarán mediante dictámenes de la Dirección del Trabajo o bien buscarán realizarlo mediante modificaciones legales.
El nudo de mayor amenaza está dado en las reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pues estas modificaciones son sustanciales para que el empresariado pueda instalar sus proyectos extractivistas con mayor facilidad. Esto abrirá conflictos con comunidades a lo largo de todo el país y el Wallmapu. En esta misma línea se enmarca el anuncio de “abandonar” el Convenio 169 de la OIT que establece la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas cuando proyectos extractivistas se instalan en sus territorios.
La represión como emblema
La violencia ejercida por el Estado no se queda atrás en este Gobierno. Si bien en un comienzo el “robo del siglo” y la “Operación Huracán” forzaron al Gobierno para que pidiera la renuncia de todo el alto mando de Carabineros, la represión no ha dado pie atrás.
Hace poco se anunció que las facultades alojadas en la Dirección de Inteligencia de Carabineros serán trasladadas a una Unidad Policial Antiterrorista, de la cual 40 efectivos se están preparando en Colombia y le han denominado el “Comando Jungla”. La militarización del Wallmapu continúa y también las detenciones a los weichafe mapuche. Asimismo, se anuncia una próxima modificación a la Ley de Inteligencia y a la Ley Antiterrorista que irían en consolidar esta política represiva en contra del pueblo mapuche.
La prisión política sigue siendo una herramienta importante al servicio del Estado de Chile para intentar desarticular a las comunidades mapuche. En estos meses destaca la condena en el Caso Iglesias y en el Caso Luchsinger-Mackay, en la cual se atribuye un rol preponderante a Luis Hermosilla, abogado querellante que habría ejercido actuaciones de presión sobre el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco que terminó condenando a presidio perpetuo a Luis y José Tralcal.
Asimismo, las redadas por las ciudades y barrios populares han aumentado, todo ello con el fin de transmitir un mensaje de “mano dura” que no tiene mayor efectividad, más que la de criminalizar a las juventudes de los sectores populares de nuestro país.
A seguir construyendo los pies del pueblo
Los “tiempos mejores” del Gobierno no han llegado. Tampoco la “catástrofe nacional” anunciada por la Nueva Mayoría cuando chantajeaba buscando votos para Alejandro Guillier. La derecha que se llama asimismo como derecha – a diferencia de sectores de la Nueva Mayoría – no ha significado un gran cambio y está lejos de construir una “segunda transición”.
Los Grandes Acuerdos Nacionales en materia de infancia, seguridad nacional, paz en la Araucanía, desarrollo integral y salud de seguro – si llegan a ver la luz – no significarán transformaciones sustanciales, pues siguen enmarcadas en una concepción de Estado Subsidiario y de Estado Policial. Ejemplo claro de ello, es que mientras anuncian un acuerdo por la infancia, proponen reducir la penalidad de las personas a niños de 12 años.
La llegada del Frente Amplio al Congreso no ha significado un cambio de periodo. Si bien termina con el sistema binominal, no ha logrado ser más que la izquierda de la Nueva Mayoría, con participaciones muy disímiles y no actuando como bloque. En algunas materias son más conservadores que el Partido Comunista, como en votaciones de ratificación de Tratados de Libre Comercio y en su posición política respecto al proceso bolivariano en Venezuela. Asimismo, en el movimiento social – especialmente en el movimiento estudiantil – tienen un actuar tan disímil que resulta imposible reconocerlos como una coalición que va más allá de lo electoral.
Nuestra tarea en este Gobierno de Piñera continúa siendo la construcción de los pies del pueblo: levantando organización en los sectores populares donde se encuentre débil o no exista; fortaleciéndola en aquellos sectores donde ya existe y unificando luchas cuando nos encontramos frente a sectores que han alcanzado ciertos niveles de organización y que han construido experiencias de lucha. Sólo la movilización del campo popular podrá frenar la agenda del Gobierno de Piñera y del empresariado chileno, tal como lo ha demostrado el movimiento feminista. Y sólo la organización y lucha de las organizaciones del pueblo trabajador, bajo una perspectiva de conformar una tendencia independiente desde el propio seno del pueblo, nos permitirá la construcción de una alternativa de poder. Y en esta apuesta no necesitamos sectarismo, sino Convergencia.
