La libertad para las mujeres descansa en, y no puede existir sin, el absoluto control sobre nuestro propio cuerpo en el sexo y la reproducción.
Andrea Dworkin
Por Gladys Quezada
El pasado lunes 21 de agosto mucho salieron a celebrar que el Tribunal Constitucional aprobaba el nuevo proyecto de despenalización voluntaria del embarazo en 3 causales y acogía el requerimiento de la DC con respecto a ampliar la objeción de conciencia a todo el equipo de salud que participara de la interrupción del embarazo. Así también lo manifestó la presidenta Bachelet: ‘una vez más ha triunfado la democracia’. Y así también lo manifestaron muchas compañeras y compañeros. Lo cierto es que las feministas no tenemos nada que celebrar, el que las mujeres puedan abortar en tres causales no cambia el panorama de restricción y control que existe sobre nuestros cuerpos. Sin embargo, sí cambia el proceso de acumulación de fuerzas existente en torno a esta temática, porque como sucede históricamente cuando ciertos derechos esenciales o cuestiones importantes para el desarrollo social de la población que han sido negados, una vez que son restablecidos o ‘cedidos’, en algún porcentaje la correlación de fuerzas y el engranaje social que da sustento político a la demanda disminuye y se atomiza el movimiento, tal como sucedió con la reforma educacional o diversos movimientos sociales. En este caso, cuando más del 70% de la población está de acuerdo con las 3 causales, negar este derecho a las mujeres, hubiera sido craso error para la referencialidad y legitimidad del bloque en el poder. Por lo tanto, es esperable que de alguna manera este proyecto apacigüe los ánimos entre aquellos sectores más ‘progresistas’ de la sociedad que veían en el proyecto la máxima realización del ejercicio de derecho de libertad de las mujeres.
Ahora bien, gran atención merece el cómo se llevará a cabo el despliegue médico y policial para aquellas mujeres que cumplan estas tres causales, puesto que lo más probable es que deban someterse a toda suerte de estudios médicos para acreditar una de las tres premisas y poder tener el ‘beneficio’ de interrumpir el embarazo. ¿Qué sucederá con aquellas mujeres que no cumplen estas tres causales y que no quieren ser madres? Pues la ley es clara: estas mujeres siguen siendo delincuentes y arriesgan penas de cárcel de ser descubiertas, por lo tanto, debemos dejar claro que el derecho al aborto es una ilusión y que simplemente lo que se está entregando a las mujeres, es la posibilidad de interrumpir el embarazo circunscrito a tres causales.
Otras de las interrogantes que existen es ¿que sucederá con respecto a la objeción de conciencia que poseen los médicos en este minuto? Recordemos que esta consiste en ‘la negativa de realizar un servicio o prestación invocando motivos éticos o religiosos’. El mismo gremio de médicos visualiza que un gran porcentaje de ellos son objetores de conciencia, ahora bien, ¿que sucederá con aquellas localidades donde todos los médicos sean objetores de conciencia? Esto es una realidad, pues en Uruguay se despenalizó el aborto antes de las 12 semanas de gestación y gran parte del personal médico se declaró objetor de conciencia, teniendo el estado uruguayo que reasignar médicos en diversas localidades para asegurar la prestación, ¿entonces en Chile qué sucederá?, ¿las mujeres deberán ser trasladadas a otra localidad a someterse a otro equipo médico para interrumpir el embarazo? O peor aún, ¿que sucederá con aquellas instituciones que se quieran declarar objetoras de conciencia y nieguen rotundamente la prestación de salud? Esto evidentemente es una ridiculez, pues quienes pueden detentar este derecho evidentemente son seres humanos, sin embargo, diversas instituciones ya lo han manifestado. La pregunta que cabe es ¿el gobierno será capaz de fiscalizarlas? Esta pregunta nace a partir de que el Estado chileno en diversas oportunidades ha dejado ver sus afines políticos con las instituciones religiosas, a pesar de ser un estado laico. Otra de las interrogantes que surgen es como se manifestará la objeción de conciencia, ya que sabemos que en Chile existe un gran porcentaje de personal de salud que no realiza ciertas prestaciones o estas no son de la misma calidad en el sector público, como las que realizan en el sector privado, ¿cómo operará la objeción de conciencia en este ámbito? ¿Será que se podrá ser objetor en el sector público y en el sector privado cobrar por la prestación? Lamentablemente muchas de estas interrogantes serán resueltas por quienes nos gobiernan: la iglesia, el Estado y los hombres.
Evidentemente es un proyecto de ley minúsculo en relación a la autodeterminación y soberanía sobre nuestros cuerpos. La lucha de las feministas sigue en función de conquistar el derecho político que tiene cada mujer a decidir sobre su sexualidad y por supuesto a cuando ser madre. Puesto que, si no existe un cambio de paradigma con relación al derecho al aborto en cualquiera de sus causales, este seguirá siendo demonizado por la sociedad y con ello incriminadas y perseguidas aquellas mujeres que lo realicen.
¡Por el derecho a decidir, por la soberanía y autonomía de nuestros cuerpos!
