Crisis de la institucionalidad burguesa: avanzar en la construcción de alternativas

Por Laura Dragnic y Javier Pineda

Las instituciones son una expresión de las relaciones sociales al interior de una sociedad, es decir, como se expresa la correlación de fuerzas – o más bien de debilidades – en la lucha de clases. La institución, entendida como expresión de estas relaciones sociales, por excelencia en el capitalismo ha sido el “Estado-Nación”.

Desde la Segunda Guerra Mundial, se instauró un “modelo ideal” de Estado-Nación, el cual se transformó en el paradigma que todo país debía adoptar para ser considerado parte del mundo civilizado, aun cuando esta decisión no fuera fruto de las decisiones de la soberanía popular y fuera impuesta en base a sangre y fuego.

Este modelo ideal de Estado de posguerra, sólo funcionaba en Europa, en los denominados países desarrollados y se mantenía como un ejemplo en la medida que era capaz de frenar el avance de las revoluciones socialistas. Sin embargo, era un modelo que sólo se podía aplicar a costa del sufrimiento de los países de la periferia, lo cual sería puesto en la palestra por la Teoría de la Dependencia y sus derivados.

Ese modelo ideal sólo para efectos del análisis, en tanto todos sus elementos están interrelacionados, puede ser analizado desde una perspectiva económica, política, normativa y cultural (Monedero).

En el ámbito económico adquirió la forma de un Estado de Bienestar (Welfare State), el cual aseguraba un mínimo de derechos sociales, como salud, vivienda, previsión social y educación; y el Estado asumía un rol en el control de empresas estratégicas (luz, agua, riquezas minerales principales) y en el desarrollo del mercado (modelo de Estado Keynesiano cristalizado en las Instituciones Mundiales Financieras del Acuerdo de Bretton Woods: Banco Mundial y FMI).

En el ámbito político se declaraba como Estado Democrático, restringiéndose a la Democracia liberal-burguesa fruto de la Revolución Francesa, donde existía una tensión entre liberalismo (separación de poderes, garantías frente al Leviatán, libertades civiles) y la formal igualdad (sufragio universal, igualdad ante la ley).

En el ámbito del sistema normativo, adquiría la forma de un Estado de Derecho, con un conjunto de leyes sistematizadas en Códigos y una protección de las garantías individuales de la persona, principalmente, en materia penal, pues es donde se expresa la coerción y fuerza del Estado. Principio de inocencia, igualdad ante la ley, acceso a la justicia, tribunales imparciales y fijados previamente por la ley. Ejercicio de la coerción regulada, Fuerzas Armadas no deliberantes, órdenes judiciales para allanamientos, no utilización de armas contra población civil, entre otras.

En el ámbito cultural, el cuál otorga identidad a una comunidad, se estableció la figura del Estado-Nación. Si en Europa las naciones compuestas por elementos territoriales, lingüísticos, sociales comunes darían lugar a los Estados, en la periferia se daría un fenómeno contrario: las divisiones administrativas territoriales en tiempos de colonización darían lugar a los nuevos Estados. En África sería el Tratado de Berlín, en Medio Oriente el Acuerdo de Sykes-Pikot, en América Latina las divisiones administrativas del Imperio Español, por lo cual las naciones se crearon posteriormente a la creación de los Estados “independientes”. Sin importar lo anterior, la figura por antonomasia hasta el día de hoy es el Estado-Nación.

Este consenso de posguerra, de Estado de Bienestar, Democrático, de Derecho y en su forma de Estado-Nación entró en crisis con el neoliberalismo. Si el Estado de Posguerra había sido la forma de consenso de los Estados del “primer mundo” que intentaban expandir – incluso por la fuerza – a los países de la periferia, iría desapareciendo de golpe o con el tiempo dependiendo del país.

El neoliberalismo tiene la particularidad de tratarse de un proyecto totalizante, que comienza con un énfasis en el ámbito económico, pero que se extiende rápidamente a todos los ámbitos de la sociedad. Es una respuesta del capitalismo a la crisis de la acumulación de la tasa de ganancia ante el fracaso del consenso keynesiano de posguerra.

En el ámbito económico, el neoliberalismo desmantela la fuerza de la clase trabajadora para dar paso a su precarización, como condición esencial para su desarticulación. Esto se dará mediante tendencias modernas del trabajo tales como la flexibilización laboral y la externalización de servicios vía subcontratación, acompañada de una deslocalización de la industria con el objetivo de reducir los costos de mano de obra y aumentar la ganancia a costa de la explotación directa de los trabajadores (acumulación de plusvalía absoluta), siendo las más afectadas las mujeres de los países periféricos, que ingresan al mercado laboral en condiciones de precarización absoluta.

La desarticulación de la clase trabajadora permitirá la privatización de servicios públicos, tales como la educación, salud y pensiones, en lo que Harvey denominará como acumulación por desposesión. Se mantiene un sistema capitalista patriarcal, donde no se reconoce como trabajo el trabajo doméstico y de cuidado, desarrollando prácticamente en su totalidad por mujeres. Asimismo, si el paradigma de desarrollo planteaba la necesidad de economías industrializadas, el paradigma del neoliberalismo será el de financiarización de la economía y una desregulación de este mercado. Finalmente, todas aquellas empresas dirigidas por el Estado serán traspasadas sostenidamente a capitales privados.

Lo anterior ha permitido los niveles de concentración de la riqueza más altos en la historia de la humanidad. 8 hombres blancos concentran la mitad de la riqueza mundial, mientras que en la mayoría de los países los súper ricos pertenecientes al 1% se hacen cada vez más ricos, mientras hay millones y millones de personas sumidas en la pobreza y marginalización. Si antes la diferencia era entre los países del norte y los del sur; desarrollados versus subdesarrollados (en vías de desarrollo, dirían los siúticos); hoy encontramos “sur en el norte”. Los pobres de los países desarrollados cada vez son más, correspondiendo a trabajadores/as migrantes, pero también a profesionales de sus países que no pueden acceder al mercado laboral. Los Estados de Bienestar han sido desmantelados en Europa y se avanza prontamente en el establecimiento de medidas neoliberales, privatizando empresas públicas (Grecia e Irlanda), generando desregulación del mercado del trabajo mediante reformas laborales (Francia y España), privatización de servicios públicos como la educación (España), entre otras medidas.

Estos niveles de concentración de la riqueza también han permeado en el ámbito político. La democracia ha sido vaciada de contenido y se ha transformado en un mero procedimiento. Si en un momento los Partidos Socialistas y Socialdemócratas expresaban a sectores populares, realizando un equilibrio ante los Partidos de la Burguesía, hoy estos enfrentan una severa crisis de representación. Desde los años 80s se reduce toda disputa política, que se ve agravada aún más luego de la caída de la URSS. El conflicto político sería reducido a una mera disputa por la eficiencia de la administración (management), y los resultados de la actividad estatal serían medidos prácticamente con los mismos estándares de la actividad empresarial. Ejemplo claro de esto es nuestro país, donde una Concertación/Nueva Mayoría, representante de los partidos socialdemócratas del país, se dedicó a administrar el modelo neoliberal impuesto en Dictadura.

Ante el vaciamiento de la democracia y el vacío de representación de las clases populares, y en especial de las mujeres, tanto los Partidos de la Burguesía como los Partidos Socialdemócratas, se transformaron en subcontratados de la élite empresarial. Esto ha generado la compra de partidos políticos completos (como el caso del PPD donde figuraba SQM como militante) y un pago transversal a los candidatos a la institucionalidad, sean Concejales, Alcaldes, CORES, Parlamentarios o Presidentes. Lo anterior, sumado a una institucionalidad amarrada por la Constitución impuesta en Dictadura, ha generado la cooptación del sujeto y objeto donde debiese recaer la “representación popular”.

En virtud de lo anterior, tanto la Cámara de Diputados y el Senado, no son espacios de deliberación política y están vaciados de todo poder de decisión. Sólo una mayoría parlamentaria calificada permitiría transformarlo (sin considerar las facultades de veto de la Presidencia de la República y el Tribunal Constitucional), por tanto, 15 e incluso 40 diputados/as son testimoniales respecto a su capacidad de acción en la institucionalidad, y en el mejor de los casos, sus cupos se transforman en buenos espacios de propaganda y financiamiento para sus organizaciones políticas, porque “capacidad real” de transformación no tienen.

La crisis de los espacios de democracia representativa en los Estados Democrático-Liberales, abre la necesidad de mecanismos de Democracia Participativa y Directa, que permitan el empoderamiento de las clases populares en el momento político actual y no siga las características patriarcales del sistema de representación política actual. Pero este proceso, debe escapar de concesiones meramente institucionales y dependerán de los grados de organización y deliberación que se den en el seno del movimiento popular, reconociendo los distintos mecanismos de participación política que se han dado, tal como ha sucedido con el movimiento feminista y con las organizaciones de trabajadores/as de hecho.

En el ámbito normativo, las promesas del Estado de Derecho del liberalismo se han hecho agua y también ha entrado en crisis. Los derechos civiles tales como la libertad de expresión y derecho de la información (Wikileaks), derecho de reunión, asociación y manifestación (protestas reprimidas en decenas de países del mundo) son reprimidos constantemente. Militarización de las ciudades, allanamientos sin órdenes judiciales e incluso leyes que violan derechos fundamentales han transforma el Estado de Derecho en un Estado de Excepción generalizado (Agamben). En Europa y Estados Unidos la excusa es el terrorismo; en América Latina es el narcotráfico. En nuestro país, se suma también el “terrorismo” del pueblo mapuche, para el cual no existe el Estado de Derecho: allanamientos a comunidades, golpes a niñas y niños, montajes judiciales, aplicación de Ley Antiterrorista, militarización de las comunidades mapuche. El Estado de Derecho se transforma en una mera ilusión para las y los que luchan, existiendo un derecho penal de clase que deja impune al empresario y político corrupto mientras criminaliza y condena al pueblo y a la clase trabajadora.

Finalmente, en el ámbito cultural el Estado-Nación ha dejado de ser el paradigma de Estado, viéndose subvertido tanto “por arriba” como “por abajo”. Por arriba, porque existen unidades supranacionales con mayor poder que los mismos Estados, producto de Tratados de Libre Comercio, la troika en la Unión Europea, Tribunales Comerciales Internacionales (CIADI), Fondo Monetario Internacional e incluso, “intervenciones humanitarias” por los casos azules de Naciones Unidas. Por abajo, porque los Estados impuestos en la periferia no consideraron el desarrollo de naciones previas, como en el caso de Bolivia, Chile (pueblo mapuche, aymara y rapa nui), España (Cataluña, País Vasco y Galicia), Kurdistán, entre otros.

En este contexto de crisis generalizado del capitalismo y su manifestación neoliberal, que ha socavado la institucionalidad burguesa, hay una cuestión clara: es un proceso irreversible. Las añoranzas por Estados Desarrollistas y (neo)keynesianos son ilusiones. La democracia representativa burguesa como única forma de democracia es insostenible. El Estado de Derecho es inexistente en las comunidades en conflicto y en un escenario de guerra cada vez más avanzado. Los Estados-Nación ya dejaron de ser la unidad identitaria de nuestras comunidades. No hay vuelta atrás y hoy, más que nunca, urge las reflexiones colectivas que nos permitan construir alternativas al proyecto capitalista actual, cuyo horizonte sea anticapitalista, antipatriarcal, antirracista y anticolonial. En positivo: avanzar en la construcción de un proyecto ecosocialista, feminista y que reconozca las identidades comunitarias, reconociendo la necesidad de una lucha internacional para construir una vida digna para nuestros pueblos.